Parece evidente que algo falla en el sistema educativo español. Un modelo que desprende 1,12M de personas paradas con estudios universitarios, tras 47.000M€ gastados en educación en 2015, sencillamente, no funciona. Una tasa de paro del 15% en un segmento que debería ser el estandarte de futuro de nuestra economía es un dato inaceptable.
Desafortunadamente, esta rama tan importante también ha sido víctima de la adulteración del Estado de Bienestar. En los últimos años hemos asistido a cambios en la ley educativa, de la mano del Gobierno de turno, que no han logrado tan si quiera sobrevivir el tiempo suficiente para evaluar resultados. Mientras, el gasto ha continuado en aumento, como si engordar la gallina fuera alguna solución. Es evidente que existe un abismo entre la formación reglada y las necesidades empresariales, y discutiendo sobre la inclusión o no de la religión, o de determinados dialectos regionales como asignaturas obligatorias no se va a solucionar.
La generación de jóvenes que sufrimos la resaca de los excesos de nuestros antecesores debemos ser conscientes de que tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer las cosas de otra manera. Para empezar, esclarecer el objetivo de la formación obligatoria, que no es otro que formar a los futuros trabajadores de este país. A partir de ahí, conocer qué necesitan y qué van a necesitar dichos trabajadores y dotarles de las herramientas necesarias para que construyan su futuro. Por último, construir un marco regulatorio que dure, al menos, una generación.
Evidentemente, nada de esto es posible en un sistema que premia el intervencionismo en detrimento de la libertad individual. Por todos es conocido los 40 años de retraso que mostraron las empresas que operaban en el lado soviético tras la caída del muro de Berlín. Si de algo no es momento es de inmovilismo, y ya llevamos muchos años de retraso.
Economista y Consultor Estratégico
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