Se suelen oír propuestas del tipo “nuestro modelo productivo debería basarse en el conocimiento y no en el ladrillo”, acompañadas de peticiones de subvención para los sectores que, nos dicen, deberían ser los más importantes de nuestra economía.
Los autores de estas propuestas suelen ser políticos o funcionarios con escasa experiencia de economía real. Es chocante que estas personas pretendan explicar a empresarios e inversores a qué deben dedicar sus recursos.
La subvención es el incentivo más elemental y tosco. Si el sector de la construcción e inmobiliario juega un papel significativo en nuestra economía es precisamente porque el sistema de incentivos hace que sea así. El suelo es un monopolio en España, donde es la autoridad quien decide dónde, qué y para qué se puede construir. Uno de los efectos de ese modelo es que los precios de la vivienda son anormalmente altos para el país con menor densidad de población de Europa.
El monopolio del suelo hace que la oferta de terrenos aptos para construir sea escasa. Esta escasez es en sí misma un incentivo muy eficaz para atraer inversiones que podrían haber tenido otros usos. La verdad es que una de las causas del monopolio es que de él depende en buena medida la financiación de los Ayuntamientos.
¿No sería más razonable replantearnos la estructura y funciones de las administraciones locales para que sirviesen a las necesidades del ciudadano de la manera más eficiente posible? De conseguirlo reduciríamos sus necesidades financieras y podríamos prescindir del monopolio del suelo. Al final liberaríamos recursos para que los empresarios, que son los que saben hacerlo, desarrollasen proyectos de más valor añadido. Por eso creo que una agenda reformista no es tal si no da la máxima prioridad a la reforma institucional.
Consultor de empresa
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