Las manos de los partidos políticos son muy largas, no hay entidad, institución, contrata o incluso club deportivo donde no quieran dejar su sello o, directamente, su clientela. Los partidos tienen a las administraciones públicas como principal destinatario para que sirvan de agencia de colocación de sus militantes, afiliados y estómagos agradecidos. Más allá de fórmulas al margen de las normas (amaños en los procesos de acceso al funcionariado, entrada en los ayuntamientos por la vía de las bolsas de empleo, interinajes o intercambiando favores con las empresas contratistas), la propia Ley normaliza esta situación y permite la institucionalización del denominado “personal eventual”, más conocido como cargos de confianza o a dedo (asesores, administrativos…). En concreto, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció un límite, para que el abuso no cante en exceso. Así, en un ayuntamiento como el de Leganés, el máximo número de cargos de confianza tiene su frontera en el número 27.

Pues hete aquí que esa voracidad por colonizar todo ámbito público y de llenarlo de clá a costa del erario ha hecho que se busquen fórmulas “creativas”, eufemismo para no catalogarlas de pura golfada y cacicada, para que ese límite de 27 sea papel mojado y se puedan colocar a dedo 37, 87 o 2777 amigotes y pesebreros varios. ¿Y cómo ha sido eso? Pues con la figura de los directores generales, un híbrido mezcla de pseudo concejal y pseudo funcionario pero cargo de confianza pata negra, con sueldo millonario y con “firma”. Así, la mera voluntad del gobernante junto a la mirada hacia otro lado del habilitado nacional de turno puede inflar de directores generales una administración, saltándose a la torera el Estatuto Básico del Empleado Público y la regla general de que tales directores sean funcionarios de carrera, convirtiendo lo que deberían ser tasadísimas excepciones en un boquete por el que entra gente sin oficio ni beneficio cuyo único mérito es tener en la boca el carné del partido.

Afortunadamente, la Justicia está poniendo coto a estos cortijos y prácticas tan nocivas e insultantes para el mérito, la capacidad, la igualdad de oportunidades, la pública concurrencia y una profesionalización real del aparato directivo administrativo. Y la Justicia lo frena gracias al esfuerzo de partidos independientes y vecinales como ULEG, quien ha logrado esta semana que el juzgado número 17 de lo contencioso administrativo de Madrid sentencie la nulidad y la ilegalidad del nombramiento de 4 directores generales del ayuntamiento de Leganés. Una resolución que se resiste a acatar el gobierno PSIU+tránsfuga de Leganés ya que tendría que cesar a otros 12 directores generales, en realidad 12 enchufados generales, cargos inútiles totalmente prescindibles que suponen para el bolsillo del vecino leganense la desorbitada cifra de 1 millón de euros al año en sueldos y seguridad social, pero que son muy útiles para tejer una red clientelar, repartirse cuotas de poder y acallar críticas internas.

¿Ven como no todos los partidos políticos son iguales? Sólo es preciso no confiar en los de siempre para que no hagan lo de siempre.

@carlosULEG

Portavoz y edil de ULEG en el ayuntamiento de Leganés y presidente de Tercera Vía, Confederación Nacional de Partidos Independientes