«¿Cuánto dinero tendrán que pagar los madrileños con sus impuestos para ejecutar la “operación Chamartín” sólo con presupuesto público si los socios privados de Distrito Castellana Norte retiran su plan en los próximos meses?». Los comerciantes de Pymes Chamartín lanzaron ayer esta pregunta al Gobierno de Manuela Carmena durante la última mesa de debate en torno al futuro del proyecto. La pregunta no obtuvo respuesta por parte del Ayuntamiento. No hay plan B. Y es que como volvió a quedar claro, el cambio de Gobierno en Cibeles que siguió a las elecciones municipales de 2015 no sólo ha hecho descarrilar de forma definitiva la «operación Chamartín», al menos como estaba concebida hasta ahora.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, también volvió a demostrar que el consistorio no dispone de ese plan alternativo al actual que tanto colectivos vecinales como empresariales le demandan. Esas asociaciones de comerciantes, empresarios, autónomos y familias aseguraron al término de la reunión sentirse «decepcionados» y «sorprendidos». A falta de novedades, la mesa de debate sí contó ayer con dos ausencias relevantes: la del partido más votado en la ciudad (PP) y la de la sociedad Distrito Castellana Norte.

El responsable del Urbanismo en el equipo de Carmena adelantó que ya trabaja en una «hoja de ruta genérica». No dio más detalles. De sus palabras y de las de los dos altos cargos municipales que le acompañaron –una asesora y un director general– sí pueden extraerse algunas conclusiones, todas contrarias al proyecto impulsado por iniciativa privada: la magnitud del proyecto obliga a su «troceamiento»; presenta problemas en cuestiones como el respeto al medio ambiente o la conexión entre barrios; no resuelve los problemas de movilidad en el nudo norte y ofrece poca vivienda pública.