La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometió a que los beneficiarios de los 20.000 pisos protegidos no tengan que pagar IBI. Rectificaba así a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima) que, tal y como ha informado hoy este diario, en un primer momento había decidido repercutir el impuesto a los inquilinos. Esa decisión estaba en el orden del día previsto a aprobar el pasado viernes en el Consejo de Administración de la entidad.
Luego, en el último momento, decidió retirar la propuesta y, en su lugar, elevar una consulta a la Comisión Jurídica Asesora -organismo que sustituyó al Consejo Consultivo- para que, en virtud del informe emitido «se determinara si se repercute el IBI a los inquilinos o bien era la propia Administración regional la que asumía el coste». Concretamente, se trata de 13 millones de euros, correspondiente al pago de este impuesto de los últimos cuatro años.
Al ser preguntada directamente por la cuestión, Cifuentes «desmentía la información publicada» por este periódico, pese a que el lunes un portavoz oficial de la Agencia de Vivienda Social lo había admitido punto por punto, tal y como ha aparecido reflejado en el diario.
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