El fraude fiscal se ataja con inspecciones y el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha en las últimas semanas las herramientas para que cada uno pague lo que le corresponde en tributación de cara al próximo año. Si en 2015 la Subdirección General de Recaudación recaudó 126 millones de euros; para este año se espera que superen los 130 millones. Estos ajustes supondrán «un impulso a la financiación local», como lo calificó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la presentación de las actuaciones.

A finales de marzo echó a rodar el Plan de Control Tributario; el pasado 1 de abril, el proceso de regularización catastral que durará un año. Con el primero se tratará de actualizar las tasas para pasos de vehículos, terrazas, vallas y andamios, tasa móviles y de acciones publicitarias, así como las de prestación de servicios de bomberos, medio ambiente y otros cargos impositivos. Con la segunda, el objetivo es que se declare de forma correcta y completa la descripción catastratal.

Las inspecciones serán intensas y las primeras notificaciones a presuntos infractores comenzarán a llegar la primera quincena de junio. El equipo de gobierno tiene constancia de que hay miles de inmuebles que han acometido obras y ampliaciones y no han sido notificadas. Pagan un IBI y otros tributos donde tiene incidencia por debajo de lo que les corresponde. Se cree que la regularización podría afectar a entre 70.000 y 100.000 inmuebles de los 2,1 millones existentes en la ciudad. A todos aquellos a los que se avise para efectuar la comprobación (mediciones, fotografías, etc.) deberán abonar una tasa de 60 euros cuando finalice el proceso.

@entrammbasaguas