El Gobierno de Manuela Carmena estrenó ayer la iniciativa de celebrar un Pleno abierto –desde el PP lo calificaron como «audiencia pública»– en el que los concejales fueron sustituidos en sus escaños por madrileños de a pie. Se sometieron a debate las cinco propuestas y las cinco preguntas más apoyadas en la web de Partipación del consistorio. Este termómetro de las preocupaciones reales de los vecinos terminó convirtiéndose en una enmienda al Ejecutivo de Ahora Madrid especialmente en materia de urbanismo.

La situación de parálisis de las cooperativas de Raimundo Fernández Villaverde y de Cuatro Caminos o la indefensión en la que se encuentran decenas de familias afectadas por la sentencia del TSJM que ha anulado un desarrollo de Valdebebas acapararon un debate en el que otros participantes también reclamaron cuestiones como la ampliación del servicio de atención a las personas sin hogar, la incorporación de autobuses eléctricos a la flota de la EMT o el endurecimiento de las sanciones a las personas que ensucien las calles.

Los cuatro intervinientes de las cooperativas afectadas (Valdebebas, Cuatro Caminos y Raimundo Fernández Villaverde) acudieron al Pleno representando en total a cerca de 1.000 familias y reprocharon a la alcaldesa y a la portavoz municipal, Rita Maestre, la inacción del consistorio especialmente en lo que afecta al delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo.

Pese a las críticas, Carmena alabó la iniciativa. Lo calificó como un «proceso de aprendizaje» que posibilitará, a su juicio, «el necesario acercamiento entre los ciudadanos y los políticos, sus representantes». Desde la oposición, la portavoz popular, Esperanza Aguirre, echó en cara a Ahora Madrid que intente con este tipo de iniciativas deslegitimar el sistema de representación del Pleno.