La comisión de investigación sobre los tres últimos mandatos del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha arrancado este miércoles con cuatro sillas vacías. En ellas estaba previsto que se sentaran los representantes del partido que va a ser fiscalizado, ahora el principal grupo de la oposición en la Corporación local, que se ha negado a participar en este organismo y ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra su constitución porque considera que busca abrir una «causa general» contra los suyos.

En este contexto la ex alcaldesa popular Ana Botella ha sido el primer cargo público de relevancia en ser llamado a declarar. En su caso se espera que comparezca en la sesión del próximo 17 de junio para dar cuenta de la venta en 2013 de 1.860 pisos de protección oficial de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) a un fondo de inversión.

Aunque según la normativa vigente no está obligada a presentarse a la cita, en el equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de la capital (Ahora Madrid) entienden que tanto ella como su compañero de partido y predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando le llegue el momento, deberían autoimponerse la «obligatoriedad» de dar explicaciones a los contribuyentes cuyo dinero gestionaron. «El que no quiera responder, cuando han argumentado causas generales y hablamos ya en el primer caso de un tema muy concreto y muy específico, tendrá que sufrir el escrutinio ciudadano», ha señalado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, tras anunciar el primer listado de comparecientes.

@entrammbasaguas