A finales de febrero, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, anunció que el gobierno de Manuela Carmena estaba trabajando en una instrucción que tiene como objetivo «frenar la proliferación de planes especiales que permiten el cambio de uso residencial a turístico en las viviendas del distrito Centro».

Según Calvo, es necesario «frenar la saturación turística, que puede llevar a la transformación del centro en una ciudad parque temático, como Roma o Barcelona». Los datos no parecen darle la razón, pues la ratio de camas por habitante es tres veces menor en Madrid que en la capital italiana o la Ciudad Condal, pero Carmena y su equipo parecen decididos a continuar con su particular
guerra al turismo.

De esta forma, el consistorio sigue los pasos de Ada Colau, que instauró en 2015 una moratoria hotelera y, desde entonces, se ha negado a conceder licencias para la apertura de nuevos negocios de alojamiento. Pero Ahora Madrid no ha dado este paso sin antes consultarlo con el PSOE. Y es que el pacto suscrito entre ambos partidos para sacar adelante los presupuestos de 2017 incluía una cláusula que instaba a «controlar la concesión de licencias de viviendas turísticas y hoteles» en diversos barrios ubicados en el corazón de la Villa yCorte, como Sol o Cortes.

Ya entonces, cuando salió a la luz el acuerdo entre ambas formaciones, el grupo popular alzó la voz y su concejal José Luis Martínez Almeida puso en duda la legalidad de aprobar algo así. Sin embargo, la reacción más contundente ha llegado por parte de Ciudadanos. La formación naranja se prepara para presentar una moción de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento con la que aspira a lograr la retirada de esta polémica instrucción.